Incertidumbre de tenedores de bonos de Pemex ante planes de nuevo gobierno

La empresa más grande de México debe pagar casi un tercio de su deuda financiera de 106 mmdd

La declaración de guerra del presidente mexicano Andrés Manuel López Obrador contra el “neoliberalismo” económico ha sacudido a los tenedores de bonos de la estatal Pemex, alimentando su preocupación sobre el futuro de la gigante estatal altamente endeudada, que el mandatario ha prometido reanimar.

Agencias calificadoras y tres gestores de fondos -que tienen papeles de Pemex o que los vendieron recientemente- dijeron a Reuters que las propuestas del Gobierno de construir una nueva refinería para otorgarle al Estado un papel más importante en la industria petrolera podrían aumentar la presión.

La empresa más grande de México debe pagar casi un tercio de su deuda financiera de 106,000 millones de dólares en los próximos tres años. En las últimas semanas, Fitch y Moody’s manifestaron sus preocupaciones sobre esa deuda, la más alta entre las petroleras estatales de América Latina.

Shamaila Khan, directora de deuda de mercados emergentes de AllianceBernstein, que administra 550,000 millones de dólares en activos e invierte en Pemex, dijo que el mayor peligro que enfrenta la empresa es perder el grado de inversión.

“Se están moviendo en esa dirección”, dijo, citando los planes para construir una nueva refinería y llevar a Pemex a enfrentar más riesgos exploratorios.

Si Pemex pierde esa calificación, inversionistas -incluidos muchos fondos de pensiones y soberanos cuyos mandatos estipulan que deben tener activos de calidad de grado de inversión- podrían verse obligados a vender sus bonos, lo que podría generar dificultades para que la empresa obtenga nuevos fondos.

Pemex no respondió a una solicitud de comentarios. La secretaría de Hacienda declinó a hacerlos.

La petrolera, que tiene un pasivo laboral de 70,000 millones de dólares en una “reserva de beneficios a los empleados”, citó en su último informe trimestral como un riesgo las restricciones de liquidez que podrían dificultar el financiamiento en términos favorables, afectar la situación financiera y hasta la capacidad para pagar deuda.

También dijo que una baja de calificación adicional podría tener “consecuencias adversas” y admitió que los auditores externos indicaron en su dictamen que existen dudas sobre la capacidad de Pemex para continuar como negocio en marcha por las pérdidas netas recurrentes, su capital de trabajo y patrimonio negativos.

La secretaria de Energía, Rocío Nahle, dijo que Pemex fue arruinada por las políticas de gobiernos anteriores, pero que será salvada por la nueva administración, que planea aumentar la producción.

“¿Cómo pensamos pagar la deuda? ¿Cómo pensamos ir abonando esta deuda? Pues con producción, no hay otra manera”, dijo el martes en el programa radial Aristegui Noticias.

López Obrador, quien asumió el 1 de diciembre, ya está enredado en una disputa con los tenedores de bonos de un nuevo aeropuerto de la Ciudad de México de 13,300 millones de dólares, cuyas obras canceló hace unas semanas, sobre la base de una controvertida consulta popular, tras haber denunciado por meses que estaba plagado de hechos de corrupción.

La decisión conmocionó los mercados en México, golpeando el peso y provocando advertencias de la calificadora Fitch sobre Pemex.