Industria tabacalera pide a las autoridades que cumplan la ley

La industria tabacalera dijo que un decreto que reforma la lay general para el control del tabaco no toma en cuenta los impactos negativos a la economía nacional, entre otros aspectos.

El Consejo Nacional de la Industria Tabacalera (CONAINTA) dijo en comunicado que rechaza al Decreto por el que se reforman, adicionan y derogan diversas disposiciones del Reglamento de la Ley General para el Control del Tabaco, publicado el 16 de diciembre de 2022 en el Diario Oficial de la Federación.
En concreto, dijo, dicho reglamento:

No coincide con lo aprobado por el Congreso y se excede en sus prohibiciones y limitaciones a una industria legalmente establecida;
No tuvo un debido proceso para su análisis y aprobación;
No cumplió con los tiempos establecidos para la consulta pública en la Ley de Mejora Regulatoria;
No tomó en cuenta ni dio respuesta a los más de 900 comentarios plasmados en la plataforma de la CONAMER;
No respeta lo que el Congreso de la Unión aprobó para la Ley General para el Control del Tabaco, específicamente en la prohibición de exhibición de cigarros en el comercio, así como las acciones de responsabilidad social empresarial por parte de la industria tabacalera;
No toma en cuenta los impactos negativos a la economía nacional ni a las comunidades rurales que dependen de la siembra y cosecha del tabaco de verse afectadas las actividades de responsabilidad social de la industria.
“Para las empresas integrantes de CONAINTA –British American Tobacco, Philip Morris International y Japan Tobacco International– Es un reglamento que atenta contra los derechos de los consumidores adultos, especialmente el derecho a la información clara para tomar decisiones libres al momento de adquirir productos, además de excederse en lo que la propia ley señala”, mencionó.

El Consejo dijo que es un documento con múltiples violaciones a tratados comerciales, específicamente en materia de protección de inversiones y derechos humanos que les impedirá continuar con sus acciones de responsabilidad social en los estados que tienen presencia.
“Todo ello pone en riesgo miles de empleos, así como futuras inversiones en nuestro país, justo en un momento en el que la economía mexicana más lo necesita”, expresó.
“Todo ello pone en riesgo miles de empleos, así como futuras inversiones en nuestro país, justo en un momento en el que la economía mexicana más lo necesita”, expresó.
“Garantizar la certidumbre jurídica que requieren inversionistas, comerciantes, productores del campo, consumidores e incluso los socios comerciales internacionales de México”, dijo el Consejo.

Fuente: Reuters