Representantes sindicales, productores y pequeños comerciantes de la cadena productiva de la caña de azúcar y refresqueros, rechazaron la propuesta de aplicar un impuesto adicional al refresco, al considerar que esta medida no resolverá el problema de la obesidad, pero sí afectaría a la cadena productiva de la industria refresquera y en mayor medida a los consumidores de los sectores con menores ingresos.
De acuerdo a Emilio Herrera Arce, director general de la Asociación Nacional de Productores de Refrescos y Aguas Carbonatadas (ANPRAC), deben evaluarse los efectos recesivos de la pretensión de un impuesto adicional al refresco, ya que es el único producto de la categoría alimentos y bebidas no alcohólicas que ya paga IVA a la tasa del 16%.
Por el contrario, existe la propuesta lanzada por la senadora Marcela Torres Peimbert, para establecer un impuesto especial sobre producción y servicios (IEPS) de 20% a las bebidas carbonatadas, a fin de reducir el consumo de las mismas por su relación comprobada con la obesidad.
De acuerdo al Instituto Nacional de Salud Pública, se espera disminuir el consumo de refrescos en poco más del 25%, lo que ayudaría a reducir la prevalencia de diabetes en el país en 12% y en 26% los costos de los casos de diabetes en el lapso de 10 años. Además de que se recaudarían cerca de 23 mil millones de pesos con este impuesto.
Sin embargo, el líder de los productores de refrescos, señaló que todo impuesto de tasa única aplicado a la población de diferentes ingresos es regresivo, y que un impuesto adicional al refresco “afecta 14 veces más al ingreso real de los hogares más pobres, y disminuye la capacidad adquisitiva del salario de los trabajadores, agravando la situación de informalidad, inseguridad y delincuencia”.
Mientras que Juan Cortina Gallardo, presidente de la Cámara Nacional de las Industrias Azucarera y Alcoholera, mencionó que de aplicarse el impuesto, se generaría un detrimento del 26% en la cadena de caña de azúcar, afectando también a la disminución del ingreso de vendedores, pérdida de empleo a la mano de obra directa a la producción y un incremento de la capacidad ociosa.
No obstante, mientras la senadora Torres habla de obesidad y diabetes, los productores hicieron notoria su preocupación por los efectos que pueda ocasionar el impuesto adicional a los refrescos, tales como la migración de los consumidores hacia otros productos que resulten más económicos.
Fuente: Redacción
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