Cemex deberá pagar multa millonaria en España

Protagoniza polémica por favoritismos fiscales

Cemex protagonizó ayer jueves una áspera polémica en España a raíz de la destitución de una inspectora fiscal que rechazó un recurso de la cementera mexicana contra una multa millonaria, lo que llevó a la oposición a acusar al gobierno de favoritismo.

El ejecutivo conservador de Mariano Rajoy tiene "regalos fiscales para los amigos", lanzó en el Congreso de los Diputados el portavoz de economía de la oposición socialista Pedro Saura, denunciando "una injerencia política muy clara".

También el ecolo-comunista Gaspar Llamazares denunció que se "está beneficiando" a "empresas que deben pagar a la hacienda pública y que pretenden no hacerlo".

No fue posible contactar en lo inmediato con Cemex en España para obtener una reacción.

En 2011 la Agencia Tributaria española, el organismo público que gestiona la fiscalidad, abrió un expediente a la Cementos Mexicanos por impago de impuestos entre 2006 y 2009. Por lo que se enfrenta a una multa tributaria de unos 450 millones de euros.

Ante una sanción millonaria, la cementera presentó un recurso que fue recientemente rechazado por una inspectora fiscal.

Según el diario El País, "la dirección de la Agencia Tributaria (AEAT) destituyó la semana pasada de forma 'fulminante'" a dicha inspectora, perteneciente al servicio encargado de los "grandes contribuyentes".

La AEAT y el ministerio explicaron esta decisión por la reestructuración del organismo tras la llegada de un nuevo director general.

Sin embargo, "otras fuentes vinculan directamente la destitución con el expediente fiscal de Cemex", agregaba el rotativo. La empresa de capital mexicano, que "centraliza en la matriz radicada en España sus operaciones con las filiales repartidas en todo el mundo", afirmó desconocer el origen del conflicto en la AEAT, precisó.

El superior jerárquico de la inspectora destituida dimitió en señal de protesta, explicó por su parte el sindicato de técnicos del ministerio de Hacienda, Gestha, denunciando también "injerencias políticas".

"Detrás de lo que es un debate técnico hay algo, y eso es lo que da pie a que se sustente que puede haber una injerencia política en la delegación de grandes contribuyentes", afirmó su secretario general, José María Mollinedo.

El Partido Socialista aseguró que pedirá la comparecencia en el Congreso del ministro de Hacienda, Cristóbal Montoro, para que explique lo ocurrido.