Hasta tres años de prisión por cobranza intimidatoria

Diputados federales analizan aplicar multas por 370 salarios mínimos y penas de hasta tres años de prisión a gestores

A fin de evitar la cobranza intimidatoria por bancos y tiendas departamentales, diputados federales analizan una iniciativa para proponer penas de hasta tres años de prisión y multas de 370 salarios mínimos a quienes incurran en esa práctica.

La Comisión de Justicia analizará dicha propuesta de los diputados de Movimiento Ciudadano, Ricardo Monreal Ávila y Ricardo Mejía Berdeja.

La iniciativa detalla que el objetivo es castigar con dichas sanciones a despachos jurídicos, contables o cualquier otro representante de bancos o tiendas departamentales, que mediante amenazas, violencia, intimidación u hostigamiento físico o telefónico pretenda cobrar el saldo de una deuda contraída.

El proyecto plantea cambios Artículo 284 Bis del Código Penal Federal para castigar a la persona que por cualquier medio requiera en nombre y representación de instituciones bancarias, tiendas departamentales o cualquier otra institución crediticia, el pago de una deuda propia, de un familiar o de quien funja como referencia o aval.

Es decir, la cobranza no deberá ser fuera de los procedimientos judiciales, empleando amenazas, violencia, intimidación u hostigamiento reiterado.

Monreal Ávila explicó que se proponen penas desde seis meses hasta tres años de cárcel y una multa de 180 a 370 días de salario mínimo, además de la sanción que corresponda si para tal cometido se emplean documentación, sellos falsos o se usurpen funciones públicas o de profesión.

A su parecer, la voracidad de las instituciones crediticias no tiene límite, al grado de haber diseñado mecanismos financieros para otorgar tarjetas y créditos a personas que no pueden cumplir sus compromisos de pago.

Dicha situación ha provocado un sobreendeudamiento que ha llevado a miles de familias mexicanas a no poder disminuir sus deudas y a estar cada vez más expuestas a padecer el acoso u hostigamiento de bancos y tiendas y los despachos de cobranza.

"No podemos ignorar las grandes repercusiones que en materia de empleo, salarios, inflación y distribución del ingreso enfrenta hoy en día nuestra economía, y las familias que, alentadas por el respaldo económico que promueven las instituciones crediticias, con un constante bombardeo de promociones y ofertas, se encuentran en un estado de insolvencia que les dificulta cumplir los compromisos adquiridos", expuso.

En su opinión, falta una verdadera política de protección al consumidor que promueva sus intereses y derechos.

"Hoy las empresas trasnacionales se han establecido alrededor del mundo en asociación con algunos bancos y bajo la anuencia de los gobiernos, estableciendo tasas de interés muy altas que afectan a los ciudadanos, apropiándose así de su dinero", aseveró.

A su vez, Mejía Berdeja recordó que en noviembre de 2010, la Asociación de Profesionales en Cobranza y Servicios Jurídicos (Apcob) firmó con la Comisión Nacional para la Protección y Defensa de los Usuarios de Servicios Financieros (Condusef) un acuerdo para evitar las malas prácticas.

"En ese entonces, se aseguró que la misma Apcob contaba con un código de ética; sin embargo, esto no ha sido impedimento para que los despachos de cobranza contratados por bancos y comercios acosen a los clientes", aseguró el legislador.

El diputado federal sostuvo que despachos contratados por bancos y tiendas departamentales tienen entre sus prácticas más comunes realizar llamadas en la noche, en la madrugada, en fines de semana o envían cartas intimidatorias y amenazantes a hogares y lugares de trabajo de las personas que continúan en sus bases de datos.

"Estas prácticas son un delito y se pueden tipificar como acoso, porque lo que realizan los despachos son acciones irregulares y afectan la tranquilidad de las personas", advirtió.