Europeos, a un paso de penalizar a Google

Los reguladores europeos quedaron un paso más cerca de penalizar a Google por la forma en que maneja los datos de los usuarios, después que el motor de búsqueda en internet se negó a cambiar su política de privacidad.

Francia, Alemania, Italia, Holanda, España y Gran Bretaña dijeron el martes que comenzaron un proceso para decidir si la política de Google introducida en marzo del 2012 no cumple con las leyes nacionales.

Google consolidó 60 políticas de privacidad en una el año pasado y comenzó a combinar datos recolectados de usuarios individuales de sus servicios, como YouTube, Gmail y la red social Google+. No le dio posibilidad a los usuarios la opción de no sumarse.

Como resultado, 29 reguladores de protección de información europeos lanzaron una investigación conjunta.

La investigación, liderada por el regulador francés CNIL, halló en octubre que la nueva política de Google representa un "alto riesgo" para la privacidad de los individuos, pese a que no llegó a declararla ilegal.

Los reguladores dieron a Google hasta febrero para proponer cambios, pero la empresa no presentó ninguno hasta el 19 de marzo.

"Reguladores en seis estados han comenzado el proceso de analizar penalidades, y cada uno debe actuar en base a la ley nacional", dijo en una entrevista Isabelle Falque-Pierrotin, presidenta de CNIL.

"Ya comenzó la cuenta regresiva para Google. Las promesas de cambios ya no serán suficientes", agregó.

Los seis estados pueden imponer multas a Google, sostuvo Falque-Pierrotin, pero cada uno debe pasar por un proceso a nivel local para determinar qué fue lo que se hizo mal bajo la ley nacional incluso tras la posición unificada de Europa dada a conocer en octubre.

Google dijo que seguirá colaborando con los reguladores europeos.

"Nuestra política de privacidad respeta la ley europea y nos permite crear servicios más simples y efectivos", dijo el portavoz Al Verney en un comunicado enviado por email.

Legisladores y expertos legales ven la situación con Google como un examen a la capacidad de Europa de influenciar el comportamiento de las empresas internacionales de Internet.

Los legisladores están debatiendo un proyecto de ley de protección de información a nivel europeo, bajo el cual los transgresores podrían ser multados con hasta el 2% de su facturación anual global.