Dos empresas ya trabajan en el proyecto del Tren Maya

Las empresas trabajan en las licitaciones, la parte jurídica y técnica del proyecto

El director del Fondo Nacional de Fomento al Turismo (Fonatur), Rogelio Jiménez Pons, anunció que las empresas internacionales PricewaterhouseCoopers (PwC) y Steer Davies ya trabajan en la preparación de proyectos del Tren Maya, a lo que se espera se sumen más compañías globales.

Entrevistado después de su participación en la clausura del Expo Rail 2019, dijo que esas empresas ayudan y ya trabajan en el armado de las licitaciones, ”para que la parte jurídica, técnica y administrativa esté correctamente hecho”.

El funcionario detalló que el Plan Maestro del Tren Maya lo está haciendo Steer Davies, en tanto que el análisis del “costo-beneficio” lo hace PwC.

Destacó que se trata de grandes empresas de perfil internacional que pueden garantizar las menores fallas posibles y se buscará la mayor eficiencia, a las que se sumarían Deloitte en el caso de las Fibras, en tanto que están en busca de empresas que les ofrezcan certificación como Goldman Sachs.

Estimó que en unos dos o tres meses se tenga el estudio “costo-beneficio del proyecto”, cuyo costo, si bien no es barato, aún se está analizando.

Informó que las prebases de la licitación serán publicadas en abril próximo y los fallos podrían tenerse aproximadamente a fin del presente año.

Sobre la participación de personal del Instituto Nacional de Antropología e Historia (INAH) en el proyecto, aclaró que están preocupados porque se haga de la mejor forma, aunque ya está el derecho de vía y en donde no hay ferrocarril, como el tramo de Escárcega a Chetumal, ya hubo un trabajo previo.

Pero se volverá a hacer y el INAH “irá por delante”, para que en el caso de que haya vestigios se vayan rescatando, aseguró.

“Vamos a trabajar con ellos, igual que con los ambientalistas. Aquí no hay forma de no cumplir la ley”, estableció el funcionario del Fonatur.

Reiteró que el Tren Maya cumplirá con los estudios ambientales y las consultas a las comunidades indígenas, de acuerdo como lo marca la ley, además de que se busca fortalecer la capacidad técnica y científica con universidades y centros tecnológicos para que la obra tenga las mejores condiciones de operación.